CRIMEN DE ROMINA AGUILAR
La defensa pidió a los jueces que resuelvan la excarcelación de Oliveira Pereira
Olga Allende cuestionó el tiempo transcurrido tras el pedido de liberación del brasilero. La presentación pasó por los juzgados de Sentencia e Instrucción, la Cámara Penal Nº1 y además se conformó un nuevo Tribunal, pero ninguno quiso pronunciarse. “Está privado de su libertad hace seis años”, resaltó.
Más de un mes después de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el juicio y la sentencia por el homicidio de Romina Aguilar, persisten los cuestionamientos de las partes. Esta vez, la defensa de Edivaldo de Oliveira Pereira, a cargo de Olga Allende e Iván Coria expresó su malestar ante la falta de pronunciamiento de los recursos presentados.
Oliveira Pereira y Leandro Vílchez fueron condenados a 22 años de prisión por ser considerados coautores materiales del asesinato de Aguilar, en enero de 2016. Tras la invalidación del proceso oral, volvieron a estar procesados y deben esperar que se desarrolle otro debate.
A raíz de esto, los abogados que los representan pidieron la excarcelación, pero hasta el momento y tras pasar por diferentes ámbitos, no hay una determinación al respecto.
El viudo de Aguilar, Diego Lorenzetti, que había resultado absuelto por el beneficio de la duda se encuentra en la misma situación judicial de los demás, pero permanece en libertad.
En este sentido, Allende planteó que existe una “desigualdad” al tener en cuenta que dos están “privados de la libertad y el tercero libre gozando plenamente de todos los derechos”.
En declaraciones a El Chorrillero, enumeró las vueltas que dio la presentación: inicialmente fue a manos de la jueza de Sentencia, María Itatí Zudaire Carricaburu quien no dictaminó por considerar que debía hacerlo la Cámara Penal Nº1, conformada por Silvia Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata. Estos plantearon que “ya habían terminado su actuación con la sentencia”. Por eso fue enviada al juzgado de Instrucción Nº3, que tampoco se pronunció.
Tras volver al ámbito de Sentencia, la magistrada requirió al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que disponga quién debe actuar. En este punto, Allende advirtió que la Corte “lo debió prever en primera instancia y no recién ahora”.
El Alto Cuerpo dijo que debía conformarse un nuevo Tribunal en la Cámara Penal 1º, y después se resolvió el traslado a las juezas Virna Eguinoa y Sandra Ehrlich, de la Segunda Circunscripción Judicial. Sin embargo, ambas “se negaron a integrar porque se encuentran con otras causas y están sobrepasadas”. Ahora deben nombrarse nuevos magistrados.
“Necesitamos que los jueces resuelvan porque no quieren hacerlo. Se están violando todos los derechos humanos, pero a nadie le importa”, advirtió Allende.
También comentó que presentó un nuevo escrito porque “es una situación grave”. Tuvo en cuenta que el brasilero y Vílchez están privados de su libertad hace seis años y a eso agregó que no deberían estar alojados en la cárcel de Pampa de las Salinas.
Esto último tiene que ver con que el penal de La Botija está destinados a los internos condenados, mientras que quienes aún no lo están deben permanecer en la Penitenciaria de San Luis.
Además, puntualizó que Oliveira Pereira estuvo realizando una huelga de hambre hasta hace unos días: “La familia está muy mal, tienen hijos que ya se dan cuenta. Levantó el reclamo después de haber perdido siete kilos”.
La defensa de Lorenzetti, a cargo de Marcos Juárez hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelvan. Ante esto, Allende señaló que el accionar del Cuerpo puede demorar hasta tres años.
“Estimo que habrá un pronunciamiento sobre la excarcelación antes de la feria. Edivaldo hizo un habeas corpus porque no está en una situación normal”, finalizó.